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El contrato laboral en aguas turbulentas, por Juan José Dolado

Posted by Roberto on 10:24 in , ,
En plena crisis económica, y con el diálogo abierto entre los agentes sociales, surge siempre la cuestión de la temporalidad de los contratos, así como la del abaratamiento del despido como mecanismo para lubricar el mercado laboral. En el artículo que reproduzco hoy, el profesor Dolado hace un análisis muy interesante del tema, introduciendo algunos conceptos económicos como la "selección adversa" que pueden ayudarnos a entender mejor la cuestión. Espero que os guste tanto como a mí.

Las primeras impresiones tras la reanudación en junio del diálogo entre los agentes sociales -clave para resolver la grave de-saceleración económica actual- no inducen al optimismo. Por ello, pretendo reflexionar en estas líneas sobre algunas cuestiones que debieran estar en dicha agenda.
Un tema clave tiene necesariamente que ver con el principal rasgo diferencial de mercado laboral español respecto a nuestro entorno: la todavía enorme tasa de precariedad/temporalidad que afecta al 30,15% de los asalariados en España. Las reformas anteriores (1994, 1997, 2001, 2002 y 2006) no han conseguido eliminar este escollo. Tampoco ahora parece que vaya a solucionarse pues las cúpulas sindicales se muestran reacias a abordarlo y las peticiones de la patronal no parecen razonables.
El nudo gordiano está en la brecha existente entre las indemnizaciones por despido improcedente entre contratos indefinidos y temporales: (i) 45 días por año de servicio (p.a.s.) (con un máximo de 42 mensualidades) -el coste mayoritariamente afrontado por las empresas ya que los nuevos contratos de 33 días todavía son minoritarios- y (ii) 8 días p.a.s. (con un máximo de 12 mensualidades). Los empresarios aducen que este diferencial les empuja a ser muy remisos a la hora ofrecer contratos indefinidos, pese a que la temporalidad acaba siendo muy perjudicial para sus propios intereses. En efecto, dada la enorme rotación de los trabajadores temporales, reciben escasa formación por parte de las empresas, lo que afecta negativamente a su productividad. Además, los propios trabajadores tienen pocos incentivos para mejorar su rendimiento ya que, por mucho que se esfuercen, están condenados a ver sus contratos rescindidos.
Argumentos simples de economía política nos dicen que la resolución de este problema es complicada, ya que los trabajadores con contratos indefinidos suponen un 62% de la clientela potencial de los sindicatos (asalariados más parados), por lo que las cúpulas defienden el statu quo de sus votantes mayoritarios, ignorando los intereses del 38% restante. Sin embargo, la lógica económica y la abundante evidencia empírica existente respecto a los efectos de los costes de despido sobre el empleo, dan pistas seguras sobre posibles soluciones. Es bien sabido que la reducción de los costes de despido aumenta los flujos de creación y destrucción de puestos de trabajo. Aumenta la creación puesto que se reduce el coste laboral de las empresas e incrementa la destrucción porque al abaratarse el despido aumenta su consumo por parte de las empresas, sobre todo en fases bajas del ciclo, como la actual. En estas circunstancias, el resultado neto de ambos efectos sobre el nivel de empleo/paro suele ser ambiguo.
Sin embargo, un resultado nada ambiguo surge cuando la diferencia entre los costes de despido asociados a ambos tipos de contratos no es elevada, al contrario de lo que ocurre en España. En este caso aumenta indefectiblemente el empleo. La intuición es bastante sencilla: cuanto menor sea la diferencia de indemnizaciones, mayor será la tasa de conversión de temporales a indefinidos, menor la rotación de trabajadores temporales entre empleo y desempleo y, por tanto, menor la tasa de paro.
Frente a las posturas ultraliberales de rebajar drásticamente los costes estatutarios del despido improcedente, la respuesta de nuevo es contundente: los costes de despido son imprescindibles ya que proporcionan al trabajador un instrumento esencial de seguro frente riesgo de despido involuntario que los mercados privados de seguros no podrán proporcionarles por problemas de selección adversa. Al no poder las potenciales aseguradoras identificar perfectamente a los trabajadores demandantes de seguro con alta y baja propensión al despido, acabarían fijando primas excesivamente altas para éstos últimos, los cuales no suscribirían el seguro. Por tanto, los únicos demandantes del mismo serían los trabajadores más propensos a ser despedidos, lo que arrastraría a las aseguradoras a la quiebra, es decir un argumento similar al que justifica la existencia del seguro obligatorio de automóvil. De hecho, la experiencia nos dice que, en ausencia de indemnizaciones estatutarias, las propias empresas estarán dispuestas a ofrecer esta cobertura de riesgo a sus trabajadores con el fin de protegerles a cambio de una mayor cooperación con la empresa. Como botón de muestra, un 50% de las compañías norteamericanas con convenios de empresa ofrecen indemnizaciones no estatutarias a sus trabajadores.
Así pues, el quid de la cuestión está en cómo reducir este diferencial. Una posibilidad viable sería crear una nueva modalidad de contrato laboral con varios tramos de indemnizaciones mucho mas similares entre sí: por ejemplo, 8 días para el primer año, 12 para el segundo, 15 para el tercero, 20 para el cuarto, 25 para el quinto y 37 en adelante. Con estas cifras, el coste para una empresa de rescindir el contrato a un trabajador con diez años de antigüedad sería casi idéntico (80+5x36=260 días) al coste esperado con las indemnizaciones actuales (257 días), suponiendo una duración máxima de 2 años para un contrato temporal y una tasa de temporalidad del 30%. La gran ventaja del nuevo contrato es que desaparecería de un plumazo la gran brecha entre 8 y 45 días que atemoriza a los empresarios, al tiempo que el monto esperado de indemnizaciones que percibirían los trabajadores no variaría.
Las propuestas de la patronal, consistentes en perpetuar las bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos y en reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, parecen poco oportunas. En un país que se gasta más de 3.000 millones de euros en bonificaciones y con un problema grave de financiación del sistema de pensiones a menos de dos décadas vista, no parece muy conveniente bajar alegremente las cotizaciones.

Juan José Dolado es catedrático de fundamentos del análisis económico de la Universidad Carlos III de Madrid

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J. M. Keynes. 1936

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