Las elecciones generales del 9 de marzo son decisivas para determinar si vamos a profundizar en la dirección de hacer de nuestro país una democracia avanzada o vamos a retroceder hacia el pasado. La legislatura que se cierra ha sido tal vez la más dura de nuestra historia democrática. La derecha, que no aceptó su derrota del año 2004, ha utilizado todos los medios a su alcance para descalificar la acción del gobierno elegido por los españoles e intentar impedir cualquier medida de progreso. Ha caído en la tentación populista y ha introducido la crispación en la sociedad, no dudando en convertir en arma política asuntos que habían permanecido hasta ahora, en lo esencial, fuera de la lucha política, desde el terrorismo hasta la inmigración, recurriendo para ello a una fuerte movilización de su base social, agitada por un sector afín de los medios de comunicación y por instancias integristas como la jerarquía católica, que ha optado por un intenso protagonismo público de confrontación.

El balance de estos años de gobierno socialista muestra aspectos sin duda muy positivos (retirada de Irak, apoyo al multilateralismo y la cooperación internacional, avances en derechos civiles, impulso a las políticas sociales, promoción de la igualdad de género, diálogo y respeto por los modos democráticos, etc.), junto a otros mucho menos satisfactorios (ortodoxia económica, insuficiente aumento del peso de las rentas del trabajo en la riqueza nacional, propuestas fiscales que no aumentan la progresividad del sistema, falta de avance en la laicidad del Estado, etc.).

La nueva legislatura puede permitir, si las izquierdas tienen mayoría suficiente, avanzar mucho más en ámbitos como el aumento del gasto social hasta aproximarnos a la media de los países más avanzados de Europa, redistribuyendo mejor la riqueza nacional y reduciendo desigualdades; dar pasos decididos en la separación de la Iglesia y el Estado; extender nuevos derechos; comprometer a nuestro país en una auténtica reconversión ecológica de la economía y en la lucha contra el cambio climático; mantener a España en la vanguardia de la lucha por un nuevo orden internacional más justo, etc.

En marzo de 2004 una impresionante movilización de la izquierda permitió la derrota del PP y el cambio de gobierno. En marzo de 2008 una movilización semejante es necesaria para profundizar en el camino emprendido y abordar otros retos pendientes. La abstención de un sector significativo del electorado de la izquierda -una hipótesis que tiene su fundamento- frente a una derecha que va a responder unánimemente tras el partido único que la representa, puede frustrar este empeño y devolvernos a un tiempo aún cercano en que el autoritarismo, la manipulación, la moral oscurantista y el patriotismo agresivo dirigían el país.

El Foro Ciudadano de la Región de Murcia llama a todos los progresistas a acudir a las urnas el próximo día 9 de marzo para llenarlas de esperanza y de confianza en el futuro votando a las candidaturas de la izquierda.

www.forociudadano.org
Murcia, 23 de febrero de 2008

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Algunos de los mejores momentos del debate entre el maestro Solbes y el aprendiz Pizarro. Una lección de campeonato sin duda.

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Alejandro Moreno Lax. Publicado en Diario La Opinion el 13-10-07

Para comprender mejor cómo la política no es más que un atrezzo para engañar a los ciudadanos, y con ella me refiero a la política de los parlamentos y los mass media, no hay mejor ejemplo en nuestra Región que la vivienda. De todos es sabido que la estrategia del PP para ganar las próximas elecciones está en la radicalización de sus discursos, siempre y en todo lugar marcados por una oposición frontal e irreconciliable con su máximo enemigo, el PSOE.

Además, tenemos que el problema de la vivienda, por resumirlo brevemente, está en que, tal y como refleja el último boletín estadístico del INE, la vivienda nos cuesta hoy a los españoles el triple de su valor con respecto a 1995.
Esta fecha es simbólica, pues marca el comienzo del PP en el gobierno de la Región de Murcia. Desde entonces y hasta el presente 2007, dos leyes del suelo fueron tramitadas por las Cortes: una a nivel estatal, impulsada por Aznar en 1998, y la otra a nivel regional, impulsada por Valcarcel en 2001. Las dos se caracterizaban por liberar el suelo, exceptuando aquél especialmente protegido, de las restricciones urbanizadoras y especulativas. El objetivo era, según Álvarez Cascos, el de construir más para que sobrasen viviendas y bajasen los precios. Acertó en la primera tesis, pero mintió en la segunda: en España sobran viviendas y están más caras que nunca.
El caso es que las políticas de vivienda fueron pasando poco a poco a manos del libre juego del mercado, ese que manejan a placer las promotoras, las constructoras y las inmobiliarias. Es decir, las políticas se despolitizaron, pues la gestión pasó mayoritariamente a manos privadas.
Este fenómeno demoledor, acompañado del despegue espectacular de los precios de la vivienda desde el año 2000 hasta hoy, lejos de ser atajado, ha sido explotado incluso por los distintos gobiernos socialistas locales y regionales.
Este estado de abandono y negligencia de los poderes públicos ha sufrido un primer revés este verano con la aprobación de la nueva Ley del Suelo del PSOE. A dicha ley tenemos que sumarle las recientes medidas adoptadas para impulsar el alquiler en nuestro país (que presenta una de las tasas más bajas de Europa, con un 11% del total de viviendas): ayudas mensuales para los inquilinos de 210€, exenciones fiscales para los propietarios, regulación de los trámites de desahucio, etc.
No es tiempo de valorar tales medidas, pues tal vez tengan un corte electoral y olviden la opción de construir vivienda pública, una inversión más rentable a largo plazo. Lo alucinante del caso es la feroz reacción de la derecha, primer responsable de un problema consolidado durante la última década. En su lógica de confrontación adopta un doble discurso: rechaza todas las propuestas, dado su carácter “improvisado y electoralista”, pero a la vez las considera una copia del programa del PP, Acebes dixit. En resumen, hagáis lo que hagáis está mal.
En nuestra Región, para no ser menos, se refuerza el mismo discurso, y así parece confirmarlo el portavoz del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, pues tales políticas le parecen “penosas”. Pues bien, los ciudadanos que a la hora de comer asistimos a este atrezzo político nos preguntamos ¿y qué es mejor, una política «penosa» de vivienda o una apolítica de vivienda? ¡Pero si ustedes no han hecho más que olvidar la política de vivienda! Cuando los ciudadanos no somos consultados ni participamos en el proceso de construcción de un programa de vivienda, entonces ya no cabe hablar de política. El PP lo llama, y muy bien, consenso.
Se trata del que acaba de prometer Rajoy en el Ifema de Madrid «con las administraciones públicas y el sector inmobiliario y financiero»; muy en consonancia con las pasadas Jornadas de Vivienda Protegida de la Concejal de Vivienda de Murcia Mª José Velasco o el Plan de Vivienda 2007-2010 que prometió Valcarcel el pasado mes de mayo, mismo mes de las elecciones municipales y regionales. La trampa de estos tres consensos “cosméticos” es que nunca incluyen la opinión de los ciudadanos, lo cual quiere decir que nunca son reclamados precisamente aquellos que son los directamente afectados por las necesidades de vivienda. Otra cosa es que se consideren “afectados” a aquellos que deseen forrarse con la vivienda en perjuicio de los ciudadanos, y entonces sí que es comprensible que la banca y las promotoras sustituyan a los políticos y los ciudadanos en la política de vivienda, pero entonces harán otra cosa que no se llama política, sino especulación, precisamente lo que viene ocurriendo en la última década.
Sólo así se entiende por qué en nuestra Región no se ha reaccionado últimamente con ningún programa social de vivienda que beneficie a los jóvenes, a los desempleados y grupos más desfavorecidos; sólo así se entiende por qué no se ha consultado a la ciudadanía. Todo lo contrario, a día de hoy nadie sabe absolutamente nada de los objetivos y planes de ejecución de esas fantásticas 50000 actuaciones del Plan de Vivienda 2007-2010, nadie sabe por qué no hay residencias públicas para estudiantes, nadie sabe por qué no hay un parque público de viviendas para el alquiler, nadie sabe por qué cumplimos solamente con el 61% de las actuaciones pactadas en el Plan de Vivienda del Ministerio, cuando la media de todas las comunidades es del 115%, etc., etc. Sólo nos cabe una respuesta posible: porque eso sería hacer política y no atrezzo.
Alejandro Moreno Lax

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Publicado en Diario La Opinión, 15-02-08

El pasado lunes 28 de enero la Consejería de Educación anunció haber acordado con las principales organizaciones sindicales las características del próximo proceso selectivo de acceso a los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, EOI, técnicos de FP, música y artes escénicas y artes plásticas y diseño.

Dicho acuerdo, como argumentaré, es un cúmulo de despropósitos que se sitúan, todo hay que decirlo, en la onda de lo que viene sucediendo en otras CC.AA. vecinas, y cuya responsabilidad comparten a partes iguales no solo la Consejería de Educación, sino también los sindicatos de enseñanza, autores intelectuales de los nuevos procedimientos, últimamente más preocupados de frenar la huida de afiliados hacia los nuevos sindicatos de interinos que de la calidad de la enseñanza.

La sucesión de dislates comenzó en 2004, con el famoso acuerdo de 27 de abril suscrito entre la Consejería de Educación y los principales sindicatos para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad (Resolución de la Consejería de Hacienda de 6 de mayo, BORM de 22 de mayo). Dicho acuerdo contemplaba dos aspectos bien diferenciados, uno muy positivo y otro a todas luces nefasto: por una parte, se acordó reducir la tasa de interinidad hasta el 7% mediante sucesivas ofertas de empleo público para favorecer la estabilidad; bien por ello. Otra cosa que hizo este acuerdo fue blindar las bolsas de trabajo de profesores interinos existentes antes de las oposiciones de 2004, impidiendo la entrada en ellas, así como su reordenación interna. Esto quiere decir que un opositor novel que sacara un 9 en 2004 y no consiguiera plaza quedaría en las bolsas de trabajo relegado por detrás de los que ya estaban, aunque nunca hubieran sacado más de un uno en ninguna convocatoria, y así sucedió. En definitiva, se excluyó del derecho al trabajo a personas cuyo único delito había sido nacer en un año equivocado, y sucede que sin trabajar no se acumulan puntos, y sin puntos no hay nada que hacer en la fase de concurso del proceso selectivo.

La siguiente perla de la Consejería de Educación fueron las bases de la oposición de 2004: exaltaron la valoración de la experiencia docente en el concurso de méritos mientras se redujo la puntuación por expediente académico. Pasarse cinco años en la EOI aprendiendo una lengua pasó a puntuar lo mismo que hacer un cursito de 50 horas en un sindicato. Por último, y ésta es de traca, alguien pensó que ser Premio Extraordinario de Licenciatura ya no era ningún mérito. La intencionalidad era clara: hundir a aquellos que acreditaban reconocidos méritos académicos para darle la plaza al que más años llevase trabajando. Y así fue.

En 2006 se siguió con la misma tónica, y los nuevos opositores que consiguieron una plaza, sólo pudieron hacerlo porque en algunos tribunales aprobaron menos candidatos que plazas se ofertaban, por lo que el concurso de méritos decidía la ordenación final de candidatos pero no el hecho de obtener plaza.

Como decía, ahora empezamos a conocer los detalles que Consejería y sindicatos nos preparan para 2008, y no tienen desperdicio: en primer lugar, se sacarán por sorteo cinco bolas del temario y no dos como sucedía hasta ahora para el desarrollo escrito de un tema a elección del opositor. Se convierte así el proceso en una lotería, a la vez que desincentiva que el opositor prepare toda la materia, pues desechando la mitad del temario, la probabilidad de que entre las cinco bolas salga un tema que ha estudiado es superior al 98%. Más grave si cabe es la eliminación de la prueba de contenidos prácticos en casi todas las especialidades, que permitía abordar todo el temario, no habiendo lugar para la suerte, y que por consiguiente filtraba al opositor cualificado. Por otra parte, este hecho puede propiciar que cualquier licenciado decida opositar por la especialidad que más le plazca con posibilidades de aprobar. A modo de ejemplo, que alguien conozca a la perfección la filosofía de Kant no significa que sea filósofo. Sin práctico, es posible superar el proceso con un poco de suerte y sin tener idea de la materia.

La última guinda viene con la posibilidad que ahora se brinda a los profesores interinos de sustituir su exposición oral de una unidad didáctica por la elaboración previa de un informe que será evaluado en su centro. Se aniquila así también la capacidad del examen oral de evaluar la competencia didáctica.

En definitiva, las modificaciones que año a año introduce la Consejería de Educación son una mala noticia para los opositores mejor formados, interinos o no, que no pueden demostrar sus conocimientos, pues la intención de estas medidas es que todos obtengan igual nota en las pruebas y que el concurso de méritos ulterior dé la plaza al que más años tenga. Con mis mejores deseos de consolidación laboral del colectivo docente interino, creo sinceramente que ésta no es la solución a la vieja problemática de la inestabilidad, pues propiciará la entrada de personas sin preparación al sistema, lo que, además de ser tremendamente injusto con aquellos que sí ganaron su puesto de trabajo a pulso, no va a hacer ningún favor a la calidad de la enseñanza ni a la dignificación de la práctica docente.

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Publicado en Diario La Opinión, 1-12-07

Hace unos días me levanté, arranqué mi coche y puse la radio mientras me dirigía un día más al trabajo. En las ondas, Esperanza Aguirre vendía en una entrevista las bondades de las rebajas fiscales, y para ello, no dudó en invocar a la famosa curva de Arthur B. Laffer. Según Aguirre, las rebajas fiscales hacen aumentar la actividad económica y la recaudación impositiva, de forma que estimaba que el efecto de esta medida supondría para las arcas nada más y nada menos que 35 millones de euros extras.

No pude evitar que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Si el señor Laffer hubiera intuido la forma en que su teoría sería mancillada por Aguirre, quizás hubiera decidido dedicarse a cualquier otra cosa que no fuera la noble ciencia económica. De hecho, la curva de Laffer es básicamente una “U” invertida que nos dice que en cualquier economía el hecho de aumentar los tipos impositivos hace que la recaudación aumente sólo hasta un determinado punto, a partir del cual, sucesivos aumentos harán caer la recaudación, debido al efecto desincentivador de la actividad económica, así como a la aparición de economía sumergida. Por lo tanto, afirmar que una rebaja fiscal aumenta la recaudación es afirmar que nos encontramos en el tramo decreciente de la famosa curva. Desgraciadamente, ningún economista conoce cuál es el tipo óptimo que maximiza la recaudación, y la señora Aguirre tampoco. Sin embargo, España, con una presión fiscal que supone el 36% del PIB, 4 puntos por debajo de la media comunitaria, es poco sospechosa de situarse en dicho tramo.

Estas palabras me hicieron por otra parte rememorar la reforma del IRPF que el Partido Popular lanzó en 1998 y que rebajó los tipos marginales máximos, que pagan las rentas más altas, 8 puntos porcentuales (del 56% al 48%), mientras que los mínimos, que pagan las rentas más bajas, cayeron tan sólo dos puntos (del 20% al 18%). En otras palabras, migajas para los pobres y suculentos beneficios para los más adinerados. De esta manera, todos acabamos como el viejo Lázaro de Tormes: cornudos, aunque contentos.

Otra reflexión afloró en mí, acerca de lo fácil que es predicar afirmaciones gratuitas en nuestro país cuando se trata de hablar de economía.En Murcia tampoco andamos escasos de discípulos de Hayek y Friedman. Uno de ellos es José Antonio Ruiz Vivo, viceportavoz del grupo parlamentario popular y también gran aficionado a realizar imaginativas declaraciones. Hace un par de semanas se jactaba ante los medios de “la acreditada y solvente trayectoria que el Gobierno Regional tiene en su disposición en cuanto a medidas destinadas a conseguir que los jóvenes murcianos accedan a una vivienda digna”. Sin embargo, la realidad murciana en materia de vivienda es bastante más triste:Desde 1995, año en el que la VPO construida en la Región suponía el 45% del total, hemos pasado al 3% en el último año. Además de poca, debemos recordar que la adjudicación de ésta queda en manos de los promotores privados, por lo que los procesos de entrega pueden ser calificados de todo menos de transparentes. Hablemos ahora del Plan de Vivienda Joven de nuestra comunidad que según Ruiz Vivo tan “excelentes resultados viene dando”. Dicho plan consiste básicamente en un tipo de interés preferencial de Euribor + 0,50%, con una comisión única del 0,45% y una reducción del 90% en el impuesto de actos jurídicos documentados. No es necesario ser un mago de las finanzas para encontrar una entidad financiera que nos ofrezca unas condiciones más atractivas.Otro dato a tener en cuenta: en la Región de Murcia sólo se desarrollan el 61% de las actuaciones contempladas en el Plan Nacional de Vivienda 2005-2008, mientras que la media de cumplimiento para el resto de comunidades es del 115% y alguna incluso llega al 159%. Marcos Nogueroles, Director General de Urbanismo y Vivienda dice que no hay que alarmarse porque según él, “el Plan de Vivienda no es ambicioso ni las medidas generosas”. ¡Pues menos mal, oiga, no quiero yo ni pensar si el dichoso plan fuera ambicioso en qué nivel de cumplimiento andaríamos!

Otro de los proyectos estrella del señor Nogueroles para solucionar el problema de la vivienda en Murcia es la nueva figura de la VPPL (Vivienda Protegida de Precio Limitado). Esta figura pretende incrementar el precio tasado de la vivienda protegida en un 40%, y dar una subvención directa de 2.000 € al promotor por cada vivienda construida, con objeto de que su construcción sea más atractiva a éstos. Vista la actual deriva del mercado inmobiliario español, no es descabellado rebautizarla como Viviendas de Protección de Promotores Ladrones, porque deben ustedes saber que reduciendo los márgenes de beneficio del 30% o 40% actuales a un aceptable 5% y adquiriendo la Administración suelo rústico a su justo precio, como posibilita la actual ley del suelo, sería posible construir viviendas en nuestra Región por 80.000 €; pero, ¿a quién interesa esto?

Por si no tuviéramos suficiente con la política de nuestros gobernantes regionales, el ex-ministro Arias Cañete, ahora portavoz de economía de los populares, anuncia un boicot de sus comunidades a las ayudas estatales al alquiler porque, según él, es imposible aplicarlas a partir de enero. Perdonen mi atrevimiento, pero si el señor Arias Cañete intentara dedicar a la aplicación de las ayudas la mitad de la rapidez con la que le recordamos devorando pepitos de ternera por toda nuestra geografía, antes de Pascuas todo joven tendría sus 210 € en el bolsillo.Por cierto, la ocurrencia de la VPPL a la que hacíamos arriba referencia no es ni mucho menos nuestra: la hemos importado de la Comunidad de Madrid, que es, por cierto, la única comunidad autónoma de España junto a la Región de Murcia donde aún no se ha adaptado la Ley de Dependencia al ordenamiento regional, impidiendo así que las ayudas comiencen a llegar a nuestros dependientes. Esperanza sigue sentando cátedra, y en Murcia seguimos cornudos, aunque eso sí, contentos.

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