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Cuando se dicta sentencia

Posted by Roberto on 14:28 in ,
Por Teresa Salinas. Publicado en el diario La Opinión de Murcia el 7 de febrero de 2009

Después de unos años de intenso debate sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, el fallo del Tribunal Supremo del pasado día 28 de enero de 2009 ha supuesto la confirmación de los argumentos que impulsaron su incorporación en la Ley Orgánica de Educación. A falta de conocer la redacción de la sentencia, en el momento de escribir este artículo, sí ha transcendido que rechaza la objeción, pues nada hay en esta asignatura que invada derechos fundamentales de los estudiantes, y que los decretos no vulneran "por sí solos" los derechos constitucionales a la libertad religiosa y de enseñanza.


Los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos han asegurado que acatarán la sentencia del Tribunal Supremo, pero que recurrirán ante el Tribunal Constitucional, e incluso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Verdaderamente considero peregrinos los argumentos que utilizan para ello y que son, entre otros, el tiempo utilizado para anunciar el fallo y el apoyo de los magistrados que han emitido votos particulares. Interpretan ambos aspectos como razones para seguir manteniendo la objeción.


A estas alturas, dos cosas han quedado muy claras. La primera es que en ningún momento ha habido una respuesta social masiva contraria al área. Sí, han hecho mucho ruido, han tenido, y siguen teniendo, muchos medios (económicos y de comunicación) a su alcance, pero han sido muy pocas las familias que realmente han objetado y menos las que han presentado recursos judiciales, muchas menos de las que dicen. Esto, que habla a favor de la sensatez de las familias y de su confianza en el estado de derecho de nuestro país, espero que no cambie ahora, tras la unificación de doctrina que supone la sentencia del Tribunal Supremo.


A lo largo de estos años, algunos padres y madres han sido manipulados en su buena fe, sin darse cuenta de ocasionar un daño irreparable al expediente académico de sus hijos e incluso a su formación futura. Es el momento de volver a clase, de no eternizar indebidamente un conflicto falso y excesivamente politizado, en el que los mayores perjudicados podrían ser, precisamente, estos alumnos y alumnas cuyas familias han objetado.


La segunda es el reconocimiento explícito de un hecho innegable: el Ministerio de Educación no ha pretendido nunca imponer criterios morales o éticos ni al profesorado ni al alumnado, pues los contenidos de la asignatura se centran, como hemos dicho y no nos cansamos de insistir, en la educación de principios y valores constitucionales. Eso sí, tal vez sería oportuno hablar en este momento de la irresponsabilidad de algunos gobiernos autonómicos al utilizar las instituciones educativas para el boicoteo a la asignatura, pretendiendo desestabilizar, al mismo tiempo, al Gobierno de España. ¿O cómo se pueden calificar las actuaciones de los gobiernos de la Comunidad Valenciana o de la Comunidad de Madrid al respecto? ¿No ha quedado clara la utilización de la asignatura, de los centros educativos, como campo de batalla político, creando una polémica artificial y estéril, además de innecesaria? Tampoco me detendré a valorar la imprudencia de Mariano Rajoy cuando anuncia, en nombre del Partido Popular, que eliminarán la asignatura en caso de gobernar.


Durante tres años, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, el Partido Popular y sus organizaciones afines, así como la Jerarquía Católica española, han agitado ese debate, falsamente polémico, para no hablar de los temas que verdaderamente importan en Educación y a los que el Gobierno de España viene dedicando todos sus esfuerzos e importantes inversiones económicas: el impulso a la Formación Profesional, el incremento en becas y ayudas al estudio, la lucha contra el abandono escolar temprano, los programas y planes para garantizar el éxito educativo de todo el alumnado, la generalización de la Educación Infantil…


Como decía Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una asignatura como cualquier otra y la asistencia a sus clases es obligatoria para todos los estudiantes de España.


Por tanto, en los centros educativos vamos a seguir trabajando en la mejora de la educación de nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas, con los valores propios de una sociedad democrática, del siglo XXI, sin adoctrinamientos, con el aprendizaje de los derechos y libertades fundamentales que organizan la convivencia pacífica y democrática, recogidos en nuestra Constitución de 1978. Además lo haremos alejándonos, por coherencia y principios democráticos, de polémicas inútiles. Elegiremos el libro de texto que mejor se adapte a los objetivos y contenidos del área recogidos en la legislación, o lo haremos sin libro de texto, preparando los materiales necesarios para ello, desde la profesionalidad que caracteriza al profesorado de este país.


La educación de nuestros jóvenes estará, afortunadamente, en sintonía con la que reciben los jóvenes de la mayoría de los países de la Unión Europea, que se plantean la educación cívica general y obligatoria de sus escolares, con diversas formulaciones. No olvidemos que es una materia que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, se imparte como materia independiente en 19 países europeos (16 de ellos miembros de la Unión Europea), por tanto, España no es una excepción, como algunas personas manipuladoras, sean obispos o no, se empeñan en repetir, como si una mentira dicha muchas veces pudiese convertirse en verdad.


Es el momento de dedicar nuestros mejores esfuerzos a trabajar por una educación de calidad para todos y entre todos, a mantener debates constructivos que mejoren nuestro sistema educativo, desde el consenso y la colaboración.


Teresa Salinas García

Colaboradora del Foro Ciudadano de la Región de Murcia


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"Cuando el desarrollo del capital de un país se convierte en un subproducto de las actividades de un casino, es probable que el trabajo se haya hecho mal".


J. M. Keynes. 1936

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