Una reforma, dos errores
Hoy se cumplen diez días desde que, tras pasar el trámite en el Senado, quedara aprobada la propuesta de reforma del art. 135 de nuestra Constitución. Si el objetivo era calmar el ataque de los mercados a nuestra deuda soberana, poco hemos logrado desde entonces: la ya popular prima de riesgo no consigue bajar de los 350 puntos básicos.
La reforma, como argumentaré, es un grave error tanto en el fondo como en la forma. No me centraré en este último aspecto, sobradamente debatido: la reforma sin consulta de nuestra Carta Magna es un desprecio más a una ciudadanía que, desde el 15 de mayo, viene expresando en las calles su anhelo de una democracia más participativa. El rodillazo amplía un poco más la brecha entre la ciudadanía y sus representantes electos, envilece nuestra democracia y hace que propuestas como la del escaño 351 suenen a broma pesada.
El fondo de la reforma es más perverso. Al limitar el déficit estructural (que no tiene en cuenta los estabilizadores automáticos), se elimina la posibilidad de utilizar medidas fiscales discrecionales como contrapeso de la coyuntura económica, obligándonos por mandato constitucional a conducir con la dirección bloqueada por la carretera de curvas que es el ciclo económico. Esto es especialmente grave si recordamos que, con nuestra entrada en el euro, perdimos la autonomía para estimular la actividad mediante la devaluación de nuestra moneda o mediante la rebaja de los tipos de interés, que desde entonces vienen danzando al son de los intereses de Alemania, lo que contribuyó, por cierto, a crear nuestra burbuja inmobiliaria.
La reforma, además, ignora los desastrosos efectos de las subidas de impuestos a las clases menos pudientes y del recorte del gasto en situaciones de alto desempleo, como las llevadas a cabo en EEUU en 1932 y 1937. En su popular manual de macroeconomía, el profesor Mankiw citaba este caso concluyendo que “la mayoría de los economistas piensan que es improbable que se repitan los errores que provocaron la Gran Depresión”. Aún así los repetiremos. Otro ejemplo más reciente lo tenemos en las políticas contractivas de Japón en 1996, que acabarían de consolidar su década perdida. Un gasto público eficiente impulsa no solo la creación de riqueza, sino la recaudación impositiva presente y futura, y la retirada anticipada de estímulos ya está comprometiendo las posibilidades de crecimiento.
Lo que hoy se nos impone constitucionalmente es otra ración de la ideología de un pequeño aunque influyente grupo de pensadores que, desde los ochenta, vienen predicando el desmantelamiento de los servicios públicos amparados en argumentos tan jocosos como la supuesta eficiencia y racionalidad de los mercados. Se nos quiere hacer creer que el origen de la crisis está en el endeudamiento público y no en la insensatez de la banca, en su insostenible apalancamiento, en los perversos sistemas de incentivos y en la proliferación de derivados financieros propiciada por tres décadas de desregulación. Entre estos derivados destaca el papel de los seguros de cobertura contra el impago de la deuda (CDSs), que nos aseguran contra incendios en la casa del vecino, por lo que la tentación de prenderle fuego es notable. El premio Nobel Joseph Stiglitz lo resumió bien en Davos: "Los bancos asumieron riesgos excesivos. Los empresarios se endeudaron demasiado. Los reguladores permitieron todo eso. Y ahora los contribuyentes tienen que acudir para limpiar toda la basura, lo que disparará la deuda del Estado y acabará teniendo consecuencias sobre servicios públicos como la sanidad".
En España no somos ajenos a la embestida del pensamiento neoliberal, destacando esta semana las intencionadamente engañosas declaraciones de Esperanza Aguirre sobre la carga de trabajo de los docentes madrileños, que no tienen otro fin que abonar el terreno para futuros recortes de servicios básicos, ya con el beneplácito constitucional. Si algo ha quedado claro en los últimos quince años es que, pase lo que pase el 20-N, en ningún caso se va a actuar por el lado de los ingresos para revertir la tendencia cada vez más regresiva de nuestro sistema impositivo, aunque se nos quiera vender ahora un nuevo y cercenado impuesto sobre el patrimonio, con un irrisorio poder recaudatorio de 1.000 millones de euros anuales.
La ineludible cuestión que cabe plantearse es si teníamos alguna alternativa ante el acoso de los especuladores. Hace unos días, en su columna del NYT, el también Nobel Paul Krugman señalaba las enormes diferencias entre la complicada situación de Grecia, Portugal e Irlanda frente a la de Italia (con superávit primario) o España, cuyo volumen de deuda se sitúa, según el FMI, en el 67,5% del PIB, muy por debajo de Francia, Alemania y Reino Unido, que superan el 82%. El peligro se encuentra en que la presión especulativa sobre nuestra deuda ante el temor de un eventual impago pueda hacer subir los intereses de ésta hasta el punto en el que el impago se convierta en una realidad (la profecía autocumplida). Hubiese bastado con un compromiso inequívoco por parte del BCE de adquirir cuanta deuda fuera necesaria para aliviar la tensión sobre el tipo de interés y alejar el fantasma del impago. No veremos ese compromiso, pues el único objetivo del BCE es mantener la inflación a raya incluso en estos delicados momentos, a pesar de que destacados economistas, como el muy ortodoxo Kenneth Rogoff, hayan sugerido que darle a la máquina de hacer dinero e incrementar la inflación sería la vía menos dolorosa para solucionar los desajustes actuales. La alternativa de los eurobonos tampoco parece que pueda solucionar los problemas a corto plazo.
La reforma constitucional dictada a España por Merkel y Sarkozy supone, en definitiva, acabar de enterrar cuanto aprendimos de Keynes, que recomendaba “presupuestos equilibrados, no año a año, sino a lo largo del ciclo económico”, como recuerda su biógrafo Robert Skidelsky. Esto, unido a la incapacidad de nuestros gobernantes para atajar la especulación y el fraude fiscal solo puede hacernos esperar una crisis larga y dolorosa.
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